Catedral de Málaga - Vista aérea

En el núcleo central de la capital de la Costa del Sol, uno de cuatro edificios antiguos de Málaga ha sido demolido en la última década. Málaga ha visto desaparecer a la mitad de los edificios históricos que tenía en su casco histórico desde el año 1957, un proceso que aceleró a partir de 1985, momento en el que la almendra central fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Por este motivo la comisión de pleno de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga vivirá una moción en la que se ha solicitado una moratoria especial e inmediata que impida más derribos.

Moratoria especial para evitar mas derribos de edificios en el centro de Málaga

Por tanto desde 1985, en las cuarenta hectáreas de la zona intramuros medieval del centro de Málaga se han destruido 380 edificios históricos, a las que hay que sumar 175 demoliciones mas entre 1957 y 1985. Se han demolido 570 edificios total o parcialmente lo que supone el 43,6% del parque edificatorio histórico, a los que hay que sumar 40 inmuebles que se encuentran en ruina, un 3,1% del total.

Garantía legal en Málaga para los edificios antiguos

La ley establece que las demoliciones en zonas protegidas deben ser algo excepcional, fundamentándolo en sus valores arquitectónicos y artísticos. De esta forma pueden haberse vulnerado los artículos 17, 18 y 19 del PGOU-Pepri que prohíben explícitamente la práctica del “fachadismo” en edificios históricos con protección en grado uno, cosa que no se ha cumplido debido a que desde 2002, 27 de estos inmuebles, han sido afectados por esta práctica. Las leyes de Patrimonio Histórico del Estado y de la comunidad autónoma andaluza consideran excepcionales la sustitución de estos inmuebles, total o parcialmente, aunque desde el año 2000 se haya considerado excepcional la demolición de 208 edificios históricos en el centro de la ciudad de Málaga.

De esta manera varios colectivos han pedido al equipo de gobierno que se realice un estricto cumplimiento de las leyes de Patrimonio Histórico tanto a nivel autonómico como del estado, normativas que definen que la sustitución de estos inmuebles tiene que ser excepcional, posibilitando la aprobación de una moratoria especial para impedir los derribos. Además se pide la revisión del Pepri Centro que actualmente está paralizado y que Urbanismo sea quien realice de oficio la revisión del catálogo de construcciones protegidas, junto con un seguimiento del estado de los edificios y un informe técnico de la Gerencia, la prohibición del «fachadismo» en edificios protegidos y medidas contra los que hayan modificado su esencia.

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