El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con las asociaciones de mediación y arbitraje y con los operadores jurídicos con ocasión de la celebración el sábado próximo, veintiuno de enero, del Día Internacional de la Mediación
Ante ellos, Catalá se ha mostrado partidario de establecer una regulación conveniente sobre 3 ejes específicos, como son la calidad, difusión y también incentivos que ofrece la mediación con la intención de vencer resistencias y dar a conocer esta solución extrajudicial promoviendo de esta forma, entre la ciudadanía la cultura del pacto frente al enfrentamiento.
El ministro de Justicia ha señalado que la mediación va a ser uno de los ejes esenciales que conformarán la Estrategia Nacional de Justicia. El Ejecutivo impulsará esta práctica desde pactos con los conjuntos parlamentarios y entidades que trabajan en este campo con el objetivo de progresar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Asimismo, ha destacado los pasos esenciales que ya se han dado al respecto: de forma esencial, dotar a este país de un marco regulatorio hasta el momento inexistente, que incluye la creación del Registro de Intermediarios y también Instituciones de Mediación en el que ya se hallan dados de alta ciento cuarenta y cinco institutos profesionales, ochenta entidades compañías de seguros y doscientos cuarenta y siete centros de capacitación. El titular de Justicia ha reconocido del mismo modo la necesidad de progresar el funcionamiento de este Registro como herramienta indispensable para hallar al profesional preciso.
En ese sentido y en lo que se refiere a la calidad de la mediación, para Rafael Catalá es preciso centrarse en la mejora de la capacitación práctica y la experiencia de los profesionales de este campo. Con este fin, ha pedido el apoyo de las asociaciones presentes para valorar la capacitación precisa y proponer un modelo que se base en una serie de cursos anteriormente autorizados o bien convalidados por el Ministerio de Justicia.
En relación con la precisa difusión de la mediación, Catalá ha manifestado su predisposición a cooperar con las asociaciones que trabajan en este campo y a respaldar la línea abierta por el CGPJ en sus campañas informativas en edificios judiciales como modo de hacer ver al ciudadano que el pleito no es la única forma de solucionar las polémicas.
Asimismo, ha señalado que no debe dejarse de lado la necesidad de establecer una serie de incentivos claros que animen al ciudadano a recurrir a la mediación. Las posibilidades incluyen desde la realización de sesiones informativas, a la obligatoriedad de la mediación a instancias de un juez, sin olvidar la influencia que pudiese tener en una condena en costas el rechazo a realizar una mediación. En este sentido, Catalá considera indispensable articular medidas de forma que la negativa a acudir a una sesión informativa o bien a una mediación indicada por un juez tenga alguna consecuencia eficaz.
Con objeto de articular las actuaciones a adoptar con relación a la mediación y hacer seguimiento de exactamente las mismas, tanto en el campo intrajudicial como extrajudicial, el ministro se ha mostrado conveniente a la solicitud de creación de un Consejo Consultor en el que estén representados todos y cada uno de los agentes sociales implicados en esta materia. Además de esto, ha anunciado que trasladará al Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados la propuesta de que se instaure el veintiuno de enero como Día de la Mediación asimismo en el campo estatal para incidir de esta forma en el reconocimiento a esta figura.
A la asamblea han asistido representantes de la Asociación De España de Mediación, la Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de Mediación, la Unión de Asociaciones Familiares, la Asociación Madrileña de Intermediarios, el Instituto Complutense de Mediación y Administración de Enfrentamientos y de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y también Industria de la capital española. También, han acudido los presidentes de los consejos generales de abogados, procuradores, economistas y registradores de España, como representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y también Igualad, del Consejo General del Poder Judicial, y asimismo de la Fundación Notarial SIGNUM, la Confederación De España de Organizaciones Empresariales, la Asociación Empresarial del Seguro, la Asociación De España de Banca, la Asociación Bancaria y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial.
(fuente: economistjurist)
